El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, debe cesar sus acusaciones falsas y peligrosas contra grupos de derechos humanos que critican a su gobierno, señalaron hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch en un comunicado conjunto.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han hecho público un comunicado conjunto tras el ataque verbal del presidente Uribe por haber publicado en octubre informes críticos con su gobierno.

Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional emitieron en octubre de 2008 informes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Luego de la publicación de los informes, el Presidente Uribe acusó a Amnistía Internacional de "ceguera", "fanatismo" y "dogmatismo". También acusó públicamente a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, de ser "defensor" y "cómplice" de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En el comunicado conjunto, ambas organizaciones han pedido al presidente Uribe que cesen las acusaciones y que, en su lugar, aborde las cuestiones relacionadas con los derechos humanos que se plantean en ambos informes.

"Nos interesaría tener la posibilidad de debatir los problemas de fondo con el presidente", manifestó Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. "Sin embargo, estas declaraciones menoscaban su cargo y dan luz verde a quienes desean perjudicar a los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia".

Amnistía Internacional y Human Rights Watch aún esperan que el gobierno colombiano proporcione respuestas mesuradas y detalladas a las graves inquietudes en materia de derechos humanos planteadas en ambos informes.

El informe de de Human Rights Watch, ¿Rompiendo el control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia, evaluaba los progresos de Colombia en la investigación y la ruptura de la influencia de los paramilitares sobre muchas instituciones del Estado. En ese informe se describía también cómo ciertas acciones del gobierno saboteaban deliberadamente esas investigaciones.

El informe de Amnistía Internacional, '¡Déjennos en paz!': La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia, afirma que el gobierno de Colombia niega la situación en que se encuentran los derechos humanos en el país. Pese a los informes cada vez más numerosos sobre el deplazamiento forzado de personas, sobre los ataques contra defensores y defensoras de los derechos sociales y los derechos humanos y los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, las autoridades colombianas intentan convencer a la comunidad internacional de que la situación de los derechos humanos en Colombia está mejorando.

A principios de este año, después de que un asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, insinuara públicamente que organizadores de una manifestación contra los escuadrones de la muerte paramilitares mantenían vínculos con la guerrilla, se produjo una ola de amenazas y hechos de violencia contra los participantes y los organizadores de la marcha, que culminaron en varias muertes.
Las organizaciones señalaron que el Presidente Uribe y otros altos funcionarios han efectuado acusaciones similares en varias oportunidades contra quienes critican o se oponen a sus políticas, incluidos no sólo grupos de derechos humanos internacionales y colombianos, sino también la Corte Suprema de Justicia de Colombia, sindicalistas y destacados periodistas.

"Estas ridículas acusaciones son el reflejo de un gobierno que nunca ha asumido la responsabilidad por sus actos", manifestó José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. "En lugar de abordar los problemas de derechos humanos del país con la seriedad que merecen, el gobierno de Uribe ha intentado desviar las críticas simplemente estigmatizando a aquellos que las formulan –no importa quiénes sean– de tener vínculos con la guerrilla".

El conflicto interno armado que tiene lugar en Colombia enfrenta a las fuerzas de seguridad y a los grupos paramilitares contra los grupos guerrilleros desde hace más de 40 años. Este conflicto se ha caracterizado por niveles extraordinarios de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros, siendo los principales afectados la población civil: Decenas de miles de civiles han perdido la vida en el conflicto, y miles de personas más han sido víctimas de desaparición forzada, contándose por millones las personas que se han visto desplazadas de sus hogares.

El gobierno del presidente Uribe –que asumió el poder en 2002, sólo un año después de los ataques de septiembre de 2001 en Estados Unidos– ha negado reiteradamente que en Colombia exista un conflicto armado, prefiriendo definir las hostilidades en el marco de la “guerra contra el terror” internacional.

Frente a esto, numerosos organismos internacionales, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han definido reiteradamente la situación en Colombia como un conflicto armado interno.