El Gobierno de Álvaro Uribe trata de sortear la crisis institucional de la «parapolítica» con la extradición, ordenada ayer, de catorce jefes paramilitares a EEUU. Oposición y víctimas afirman que intenta obstaculizar la investigación de las relaciones entre paramilitares y políticos.

El Ejecutivo de Colombia decidió extraditar de forma sorpresiva en la madrugada del martes a catorce de los líderes más importantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar de extrema derecha acusada de miles de muertes y desapariciones forzosas. Entre ellos se encuentran Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo (alias Don Berna), Francisco Javier Zuluaga (alias Gordolino) y Rodrigo Tovar (alias Jorge 40).

Varios tribunales de Miami, Houston, Washington y Nueva York habían solicitado su entrega para juzgarles por presuntos delitos de narcotráfico. Aunque el Tribunal Supremo colombiana había autorizado la extradición, los trámites estaban suspendidos porque los líderes de las AUC seguían confesando sus crímenes ante la Fiscalía en el marco la Ley de Justicia y Paz, marco legal al que se acogieron tras acordar con el Ejecutivo de Uribe la supuesta desmovilización de sus 32.000 miembros. El Gobierno condicionó la suspensión de los trámites a que cumplieran los compromisos del diálogo -no retomar las armas, colaborar con la Justicia, reparar a las miles de víctimas y no delinquir desde prisión- y para justificar su decisión, Uribe señaló ayer que no lo habían hecho.
Sin embargo, las declaraciones judiciales de paramilitares han puesto de manifiesto la vinculación de la organización ultraderechista con más de 60 congresistas del partido de Uribe, lo que se conoce como el «escándalo de la parapolítica», que tiene sumido al Congreso en una profunda crisis.

La oposición acusó ayer a Uribe de extraditar a los jefes de las AUC para obstaculizar las investigaciones, mientras que Iván Cepeda, abogado de las víctimas, calificó la decisión de «golpe bajo del Gobierno» destinado a impedir «la identificación de los cómplices entre políticos, militares y los empresarios» que están siendo investigados.

En un comunicado fechado el 9 de mayo, las FARC aseguran que la crisis institucional se resolverá con la revocatoria del Congreso y no con la reforma política que plantea el Gobierno, porque, según señalan, sabe que la disolución de la Cámara «le arrastrará en su caída».

Recuerdan que el 99% de los políticos encarcelados por sus nexos con el paramilitarismo «son uribistas o copartidarios del presidente», por lo que le instan a renunciar, además de llamar a la realización de una Asamblea Constituyente. Para ello, emplaza a los colombianos a construir, «junto al pueblo y la guerrilla» una nueva alternativa de poder.